El rechazo del pasado domingo 4 de septiembre a una nueva Constitución en Chile puede tener el efecto secundario de calmar las subidas de impuestos, eliminando una importante barrera para las inversiones de miles de millones de dólares en cobre.
Con un 62% de los votantes que optó por continuar con la actual Carta Magna, favorable a los inversionistas, el gobierno del presidente Gabriel Boric se encuentra en un terreno más inestable para impulsar las reformas.
“El Congreso será la clave en esta nueva etapa, ya que su poder de negociación con respecto al Gobierno aumenta considerablemente”, dijo Juan Carlos Guajardo, que dirige la consultora Plusmining. “Toda la agenda legislativa del gobierno tendrá un desarrollo mucho más debatido”, agregó.
Eso fortalece la posición de los legisladores de la oposición y de la industria minera al moderar un proyecto de ley actualmente en debate que crearía la mayor carga tributaria entre las principales naciones productoras de cobre. La perspectiva de impuestos más altos y normas medioambientales más estrictas en la nueva constitución había llevado a las empresas mineras a detener algunas inversiones. El Grupo BHP dijo en marzo que invertiría US$10.000 millones en Chile siempre que la mayor nación productora de cobre no cambie demasiado las normas.
